Al hablar de trata de personas, nos situamos posiblemente ante uno de los delitos más clandestinos de nuestra sociedad, siendo una realidad en todo el mundo y habiendo países de origen, tránsito y destino. Debemos tener en cuenta que los principales factores estructurales que forman parte de la trata son el capitalismo, la feminización de la pobreza, la migración y el racismo, entre otros.
Desde diferentes organizaciones se aboga por una mejora en la detección y una atención integral y especializada a las personas que sufren la trata en todas sus formas, especialmente a mujeres y niñas, ya que, en situaciones mucho más extremas, como es el caso de las migraciones forzosas, la desigualdad de género se agrava, y provoca que la mayor parte de mujeres acaben siendo víctimas de violencias machistas y/o trata con fines de explotación sexual. La falta de oportunidades y de recursos y las responsabilidades familiares propician que mujeres y niñas en desventaja económica y sociocultural, se enfrenten a un mayor riesgo de ser explotadas por otras personas. La Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) estima que hay, como mínimo, 2,5 millones de víctimas de trata de personas y según la misma fuente, aproximadamente el 79% del total de la trata de personas tiene el propósito de explotación sexual.
Según el último Informe Mundial de la Trata de Personas de 2020 la representación femenina se ha ido incrementando, de modo que, de cada diez víctimas detectadas a nivel mundial, unas cinco son mujeres adultas y dos son niñas, sin embargo, nos encontramos ante una grave falta de visibilidad del colectivo femenino en estas circunstancias y nos enfrentamos a una naturalización sociocultural de la violencia contra las mujeres, que provoca que la trata con fines de explotación sexual siga siendo un delito tabú incluso en frontera.
En el caso de Melilla y Ceuta, el número de mujeres que saltan la valla es ínfimo, ya que suelen ser casos muy excepcionales. Por lo tanto, ¿cómo llegan estas mujeres a la frontera desde sus países? Es aquí cuando debemos pensar en las alternativas a las que tienen que recurrir para llevar a cabo la migración, o situaciones de violencia forzosa en las que pueden llegar a encontrarse solo por el hecho de ser mujeres, lo que añade una mayor vulnerabilidad. La probabilidad de morir en el mar, muchas de ellas con sus hijos e hijas en brazos, es tan alta que muchas mujeres se integran en las redes de trata sabiendo lo que les espera, siendo conscientes de que es la única manera de llegar vivas al país de destino. Pero hay un claro problema, como mencionaba la periodista Patricia Simón el pasado 2019 en su visita a Melilla: “Las administraciones están mucho más volcadas en generar discurso contra la trata y la prostitución que en combatir sus causas: la desigualdad, el racismo, el colonialismo y las fronteras”.
Lo que se observa en la frontera española principalmente es una negación de la trata, y una falta de coordinación entre las instituciones, organizaciones y la UCRIF para su detección e identificación. El tiempo que pasan en frontera debería ser aprovechado por dispositivos especializados para evitar que continúen en la red al ser trasladadas a la península, y, sobre todo, mujeres que se encuentran en un verdadero peligro, ser trasladadas con urgencia y con una atención integral por las organizaciones. Debemos pensar que la mayor parte de mujeres que escapan de la red es porque han conseguido pagar la deuda, que en muchas ocasiones es otra engañifa más, o porque han conseguido huir sin la menor protección, arriesgando con ello su vida e integridad física (y la de sus hijos, si los hay). Por ello, es crucial la formación específica a los distintos profesionales en frontera que trabajan en tema migratorio, ya que hablamos de mujeres, y en ocasiones de niñas totalmente desprotegidas, que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. No podemos olvidar que las víctimas de trata llegan con vivencias traumáticas que en muchas ocasiones les hace permanecer en una espiral de miedo, llegando a no identificarse como víctimas de trata o ni siquiera ser conscientes de ello.
Algunas de ellas sí inician procedimientos de denuncia para conseguir el asilo, pero en muchos casos acaban retirándolo. Y es en este punto donde se debería comenzar un seguimiento exhaustivo, ya que significa que es probable que la mujer continúe estando coaccionada y en contacto directo con los tratantes. La prostitución en Ceuta y Melilla es otra realidad que nos puede llevar a identificar este tipo de casos, junto con los indicadores manejados por las organizaciones y a través del seguimiento de los consumidores.
Hay algo que también juega en contra de poder dar una solución a esta situación, y es que los argumentos más característicos con respecto al endurecimiento de las leyes y políticas de control fronterizo es justamente la necesidad de luchar contra las mafias de trata de personas, pero son estas mismas leyes las que, según Naciones Unidas, suponen más ganancias para los tratantes, más aún en tiempos de pandemia por COVID19 y cierre de fronteras. La excusa de la trata y el tráfico de personas para endurecer el control migratorio es algo demasiado integrado en el discurso político y que está calando innegablemente en la opinión pública. Si continuamos con políticas migratorias que deshumanizan, aumentando la securitización en las fronteras y sin una perspectiva de género transversalizada, cada vez será más difícil la lucha contra este negocio ilícito, complicando la detección y por lo tanto, el dar la oportunidad de una vida digna a mujeres y niñas.
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