La Ciudad Autónoma de Melilla es un lugar de excepcionalidad por muchos motivos, especialmente para las personas marroquíes residentes en la misma.
Antes de que se cerrara la frontera debido a la pandemia existía la exención de visado para las personas marroquíes que contaran con documentación de la provincia de Nador. A estas familias del Rif se les permitía cruzar la frontera para trabajar en Melilla durante el día y regresar a sus hogares por la noche. Aunque esta regla no permitía pernoctar, muchos/as construyeron su vida en Melilla.
Desde el cierre de la frontera, una orden ministerial (Orden INT/424/2022, 13 de mayo de 2022) modifica esta norma y suspende la exención de visado. Así, estas familias que viven en Melilla quedan totalmente atrapadas y en situación administrativa irregular, con los impedimentos que esto supone para el acceso a otros derechos.
Desde el grupo de trabajo de Jurídico de Solidary Wheels hemos identificado varios patrones.
Intersección de género
Nos hemos encontrado con varias familias en las que el padre tiene residencia, trabaja y habla español. Los/as niños/as van a la escuela y hablan español también, aunque algunos no cuenten con residencia. En cambio las madres, que son quienes suelen asumir las responsabilidades y cargas familiares, no cuentan con residencia y viven en la invisibilidad del hogar. Las que ‘trabajan’ lo hacen en el servicio doméstico, sin contrato y en condiciones de explotación laboral. Algunas mujeres que tienen un poco de tiempo participan en clases de español como forma de construir su independencia y resistencia en la ciudad. Sin embargo, en muchas ocasiones, debido a esa reclusión al ámbito privado, cuentan con un nivel de español bajo que limita su autonomía a la hora de realizar trámites administrativos, puesto que las administraciones no cuentan con traducción. La barrera lingüística junto a la falta de acceso a un contrato reduce sus posibilidades de solicitar la residencia. La precariedad impuesta por esta situación lleva a menudo a las familias a vivir en viviendas que no cumplen los mínimos de habitabilidad. Además, las imposibilidades de empadronarse en Melilla sin residencia, dejan a estas mujeres en una situación de mayor invisibilidad y desprotección.
Infancia sin documentación
En relación con este tema, aparecen varios escenarios que socavan los derechos de las niñas y los niños. Nos parece necesario enfocarnos en lo siguiente: los/as niño/as nacidos/as en España que debido a la pandemia y a la violencia de la ley de extranjería, no cuentan con ningún tipo de documento, ni siquiera partida de nacimiento.
El procedimiento establecido por el Código Civil español para inscribir los nacimientos es bastante sencillo: los hospitales españoles están obligados a inscribir los nacimientos de las personas nacidas en España. Disponen de un plazo de 3 días para eso y no es necesario aportar más documentos que los proporcionados por el hospital, así como la prueba de la identidad: nombre, apellidos, sexo y nacionalidad. Debido a la crisis sanitaria, los hospitales no procedieron al registro de nacimientos durante este periodo. En consecuencia, algunos de los niños y niñas nacidos/as durante la pandemia tuvieron que realizar el trámite de inscripción de su nacimiento fuera de plazo. Este procedimiento está previsto en el Código Civil y está abierto a cualquier persona nacida en España, independientemente de su nacionalidad o la de sus padres.
Sin embargo, los requisitos de este procedimiento son mucho más exigentes y para quienes se encuentran en situación administrativa irregular, imposibles. De hecho, en la lista de requisitos ofrecida por el Registro Civil de Melilla, figura la obligación de presentar el empadronamiento, que como sabemos está limitado para las personas marroquíes en situación administrativa irregular. Entre otros documentos de difícil acceso para quienes se encuentran atrapadas en la ciudad, como el certificado literal de nacimiento de los padres o el de continuación del matrimonio (traducidos y apostillados).
Incluso hoy, más de dos años después del confinamiento en España, algunos de estos niños siguen sin tener certificado de nacimiento, ni estar registrados.
También hay que señalar que la huelga de los/las letrados/as de la administración de justicia complicaba aún más el registro de los nacimientos de estos niños atrasados. De hecho, este trámite no estaba incluido en los servicios mínimos que el registro civil de Melilla se comprometió a prestar durante esta huelga. Aunque la huelga ahora se ha acabado, este trámite ha sido paralizado entre enero y abril, lo que añade un nuevo obstáculo al acceso a los derechos de estos menores por el retraso consecutivamente a esta huelga.
No tener partida de nacimiento, de hecho, priva a una persona de sus derechos. En efecto, sin partida de nacimiento, la persona no puede ni solicitar el pasaporte, ni la tarjeta sanitaria, ni el acceso a la escolarización... Así pues, debido a estos requisitos poco realistas, los niños nacidos de padres en situación administrativa irregular durante la pandemia se ven privados de sus derechos básicos reconocidos como fundamentales por la Convención Internacional de Derechos de los/as Niños/as.
Aparecen muchas otras problemáticas, como por ejemplo los que encuentran los/as niños/as nacidos/as fuera de Melilla para conseguir la residencia aunque han vivido aquí en Melilla casi toda su vida, y cuyas padres tienen residencia.
Incluso aquellos/as menores que cuentan con pasaporte y partida de nacimiento y que viven en Melilla tienen dificultades para acceder a la residencia. La legislación española prevé el acceso a la residencia para hijos/as de personas con residencia. Pero la ley distingue entre quienes han nacido en España y quienes no. Los requisitos para personas menores nacidas fuera de España son mucho más exigentes y difíciles de cumplir, creando dos categorías diferenciadas. Entre ellos, señalamos y denunciamos, el encontrarse en España durante 2 años, asumiendo que ese/a menor deberá estar en situación de desprotección durante todo ese tiempo. Desde Solidary vemos esto como una discriminación que pone en peligro la protección de los derechos de la infancia.
Consecuencias en la vida familiar
La residencia permite acceder a derechos sociales básicos. Las mujeres y los/as niños/as que se ven privados/as de estos derechos se enfrentan a una mayor precariedad, exclusión social, dificultades para acceder a la escolarización, a la sanidad… Para las mujeres, en particular, es mucho más difícil ser independientes, especialmente a nivel económico, lo que puede plantear grandes dificultades en caso de sufrir violencias de género, por ejemplo. En el caso de los/as niños/as, no todos los hermano/as tienen el mismo estatus administrativo, lo que crea diferencias significativas entre ello/as y sus perspectivas de futuro.
Así, estas situaciones afectan emocional y económicamente a todos los miembros de la familia, y en particular a las mujeres y los/as niños/as, reforzando los patrones de desigualdad y precariedad.
Desde Solidary Wheels, denunciamos que todas las personas migrantes y migradas, que estén de paso o sean residentes en Melilla, tengan un acceso real y efectivo a sus derechos y a un trato digno. Por ello, es urgente la derogación de una ley de extranjería racista que fomenta la invisibilización y la violencia contra estas familias.
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