El pasado martes 31 de mayo de 2022 un grupo de 20 personas residentes en el CETI de Melilla y solicitantes de asilo, en el ejercicio de sus derechos fundamentales, realizaron una protesta en la puerta del CETI para visibilizar la necesidad de que se tomen medidas ante la violencia vivida en el centro por parte de vigilantes de seguridad privada de la empresa Clece.
Unos días antes, una de las personas residentes en el CETI sufrió una agresión en el ojo por parte de un vigilante encargado de la seguridad interna del centro. La persona denuncia haber sido trasladada a una sala en la que uno de los vigilantes le propinó un puñetazo en el ojo. Después de haber manifestado su malestar ante los responsables del centro decidieron llevar a cabo una protesta con pancartas en las que exigían que el Gobierno tome medidas ante la situación. El caso, que ha sido denunciado, está pendiente de resolución en un Juzgado de Instrucción de Melilla.
Cabe destacar que es el tercer caso de violencia por parte de vigilantes de seguridad del CETI de Melilla por el que se produce una denuncia en los últimos meses. Con carácter anterior, el día 10 de enero de 2022 una persona residente en el mismo centro denunció que tras acercarse al edificio de administración del CETI para preguntar cuándo sería trasladado a algún recurso de península y serle denegada la información, al insistir en que se le atendiese, 3 vigilantes de seguridad privada de la empresa Clece le inmovilizaron y a continuación le golpearon con la porra causándole lesiones en la espada y el cuello. Asimismo, el día 17 de enero de 2022 otro residente del CETI denunció haber sufrido lesiones por parte de los guardias de seguridad privada de la misma empresa, quienes le impidieron la entrada al centro sin haberle informado de los motivos en un idioma comprensible para él. No se le permitió hablar con un intérprete. Tras esto, denunció que varios agentes le redujeron, le golpearon e inmovilizaron hasta que llegó la Guardia Civil y fue trasladado a comisaría.
Las entidades que suscribimos el presente comunicado solicitamos al Ministerio de Inclusión y Migraciones que, más allá de los procesos judiciales por los 3 casos mencionados, abra una investigación interna respecto al tipo de trato que se da por parte de los vigilantes de seguridad privada en el CETI a las personas que residen en el mismo, así como elabore protocolos claros de actuación de los vigilantes de seguridad privada. Es imprescindible, asimismo, que se genere un canal efectivo para que las personas que residen en el CETI de manera temporal puedan denunciar mediante un canal seguro al Ministerio cualquier situación que pudiera producirse en el futuro.
La seguridad privada es un sector que puede afectar o interferir de muchas maneras en la garantía de los derechos de las personas, especialmente cuando ejercen sus tareas de vigilancia y seguridad interna en un centro público como es el caso del CETI. La ciudadanía tiene que ver protegidos sus derechos tanto cuando se relaciona con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son públicas por definición, como cuando se relaciona con algún servicio de seguridad privada. A este fin, es indispensable que la administración asegure la transparencia en la normativa y regulación de la actuación de los agentes de seguridad privada y en las empresas y su contratación. Así mismo, resulta esencial que se lleve a cabo la necesaria tarea de control y sanción en casos de mala praxis por parte de agentes de este ámbito.
Queremos remarcar asimismo que la falta de normativa específica y detallada en el CETI respecto el régimen interno del mismo permite situaciones de eventual arbitrariedad que podrían favorecer situaciones de tensión o incluso de violencia institucional. Urge que se apruebe y publique una regulación concreta, clara y específica sobre el régimen interno de los CETI en los que los derechos fundamentales de las personas queden claramente protegidos.
Entidades firmantes: Geum Doudou, Solidary Wheels, Prodein, Novact, Irídia
(fotos Novact)
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