Hoy, 24 de junio por la mañana, ha tenido lugar un intento de salto a la valla de Melilla. Según informa la Delegación del Gobierno en la Ciudad Autónoma, unas 2.000 personas se han aproximado a las inmediaciones del perímetro fronterizo por la zona de Barrio Chino. 1.500 han logrado acercarse a las inmediaciones de la ciudad y 500 han iniciado la entrada a la misma. Finalmente han sido 133 personas las que han logrado llegar a Melilla, en su mayoría de origen sudanés y chadiano (siendo las del primero de ellos especialmente susceptibles de solicitar protección internacional por los conflictos en los que está sumido el país). Una vez en la Ciudad Autónoma han sido dirigidos al Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) desde donde se les ha trasladado a la comisaría de la Policía Nacional.
La brutalidad policial ejercida por parte de los cuerpos y fuerzas tanto del estado español como del marroquí ha provocado la muerte de seis jóvenes y el traslado de más de 100 personas a varios hospitales de la zona, llegando incluso a saturar el hospital El Hassani de Nador. Asimismo, se ha podido constatar el lanzamiento a corta distancia de botes de humo por parte de los antidisturbios de la Guardia Civil hacia las personas que se encontraban en la valla, generando una situación de gran peligro para su integridad física y moral y la caída de muchos de ellos de la valla. A su vez, cabe destacar la falta de identificación de los agentes de la Guardia Civil durante la intervención.
A los episodios de violencia física y la agresividad que presenta la arquitectura fronteriza en sí misma, hay que sumarle el trato inhumano y vejatorio que sufren las personas en tránsito, como se ha documentado en los numerosos videos que asociaciones defensoras de Derechos Humanos (Asociación Marroquí de Derechos Humanos, entre otros) han compartido. Según fuentes consultadas y el video publicado por la AMDH muchas de las personas detenidas por las fuerzas y cuerpos de seguridad marroquí están detenidas, tiradas en el suelo y amontonadas.
El salto ocurre en el contexto de la última crisis diplomática y posterior acuerdo entre Madrid y Rabat que terminó el pasado 8 de junio con el abandono, por parte del Gobierno de España, de su histórica neutralidad respecto al conflicto del Sahara Occidental y respaldo del plan marroquí para el territorio, al que pretende dotar de más autonomía (El País, 2022).
La hostilidad en los asentamientos en los que las personas en tránsito, sobre todo personas negras provenientes de áfrica occidental central, se ven obligadas a vivir se está volviendo insostenible. El sábado 18 de junio se documentaron episodios de violencia sin precedentes por parte de las autoridades marroquíes hacia las personas que intentan sobrevivir en el monte Gourougou. Cada vez son más las personas que son detenidas, en algunos casos separadas de sus familias y forzosamente desplazadas hacia el sur del país.
No son acontecimientos nuevos, pero sí se han visto incrementados como consecuencia del último acuerdo entre el Gobierno Español y el país norafricano. En palabras de Omar Naji, responsable de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) en Nador, “los enfrentamientos fueron especialmente violentos, algo sin precedentes (...) la represión está en todas partes".
Dicha represión se ha vivido también durante el salto a ambos lados de la valla. En el lado español, y según la Delegación del Gobierno, han participado 1 helicóptero, 7 patrullas de seguridad, 3 patrullas de la compañía Fiscal, 3 equipos MIR y 1 dron de la Guardia Civil y 4 patrullas y 2 furgonetas de la UIP de la Policía Nacional. En el lado marroquí el despliegue de fuerzas y cuerpos de seguridad también se ha incrementado en las últimas semanas, y sus actuaciones son cada vez más violentas y más alejadas del perímetro fronterizo, interceptando a las personas que intentan llegar a la valla mucho antes de que lo consigan. Las cifras del salto de hoy así lo corroboran.
Dicha imposibilidad de acercarse a la frontera impide también que existan vías seguras y legales para acceder a la oficina de protección internacional, que se encuentra en uno de los puestos fronterizos. Esto provoca que las personas que desean solicitar asilo se vean obligadas a recurrir a vías más arriesgadas y peligrosas.
Las entidades abajo firmantes solicitamos que se garantice, por un lado, la seguridad y protección de los derechos humanos de las personas que han logrado llegar a Melilla y de las más de 1000 personas que se han quedado en territorio marroquí y, por otro, el derecho a solicitar Protección Internacional y tener un proceso legal y con garantías, asegurando siempre la no devolución de las personas.
Entidades firmantes: Solidary Wheels, Iridia, No Name Kitchen, SOS Refugiados Europa, Novact, Geum Doudou
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